Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
Aprobado el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, con una inversión global de 603M€
El documento, que pone a los menores en el centro de las políticas, recoge 20 metas y 73 medidas para la atención de los menores
El Consejo de Gobierno ha aprobado el tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía para el periodo 2024-2027, elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que busca garantizar la atención y protección de la población infantojuvenil andaluza y cuenta con una inversión global de 603 millones de euros. Entre sus objetivos, se encuentra dar respuesta a los problemas y demandas de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo y/o desamparo.
El documento, elaborado tras el análisis de los dos planes anteriores y con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes y otras administraciones públicas, instituciones y entidades (del tercer sector, universidades, etc.), recoge siete prioridades, once objetivos estratégicos, 20 metas y 73 medidas para la atención y protección de los menores. Además, cuenta con la implicación de todas las consejerías de la Junta de Andalucía.
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes ha sido el principio inspirador de este documento y debe estar presente en todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía. Además, la equidad, la participación o la transversalidad son otros de los principios que se han tenido en cuenta. Este plan, que tiene como lema ‘La infancia y la adolescencia en el centro de la transformación social’, sitúa a este colectivo como protagonista de sus derechos y activos sociales claves en la sociedad.
Este tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027 se centra en toda la infancia y adolescencia andaluza, aunque tiene especialmente en cuenta a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, discapacidad, problemas de salud mental, víctimas de violencia, especialmente acoso escolar y violencia sexual, colectivo LGTBI o de aquellos menores que se encuentran en el Sistema de Protección de Menores.
Su finalidad es la garantía efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia andaluza para que reciban el apoyo y la protección necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación; así como promover su participación en la vida pública y en cualquier estructura creada para tal fin.
Siete prioridades
El documento se estructura en siete prioridades: lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia; promoción de un sistema educativo adaptado a las necesidades y expectativas actuales de niños, niñas y adolescentes, de las familias y del profesorado; mejora de la atención a la salud infantil y adolescente, especialmente relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables.
Además, busca el impulso de la concienciación social y política para poner en el centro de atención de las políticas públicas a la infancia y la adolescencia (incremento de la inversión en las políticas públicas de infancia y adolescencia); la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el incremento de los espacios de ocio y participación para el tiempo libre infantil y adolescente y la mejora del sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia, incluida la mayoría de edad.
En definitiva, este tercer plan aspira a mejorar la vida de la población menor de edad, especialmente, de aquella en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, el bienestar y recuperación de los proyectos vitales para que sean felices y se garantice la protección de sus derechos.
El III Plan de Infancia y Adolescencia reforzará la promoción de derechos de los menores
El Consejo de Gobierno aprueba la formulación de esta estrategia, que prestará una especial atención a situaciones de vulnerabilidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que sentará las bases del sistema integral de atención a la infancia desde un enfoque de la promoción de derechos y la prevención. Para ello, se tendrá en cuenta especialmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, con discapacidad, con problemas de salud mental, víctimas de acoso escolar o de violencia sexual y del colectivo LGTBI.
El objetivo de este proyecto, que elaborará la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es la garantía efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes para que reciban el apoyo y la protección necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, así como promover su intervención en la vida pública y en cualquier estructura de participación.
Tras la implementación con anterioridad del I y II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la Consejería de Igualdad ha culminado este último con un proceso de evaluación de resultados a través de la recogida de información entre los colectivos implicados. De esta forma, de acuerdo con el análisis de la situación de partida y el diagnóstico de los problemas, retos y necesidades en los ámbitos de la evaluación del Plan, se elaborará una propuesta inicial que se trasladará a todas las consejerías del Gobierno andaluz y a todos los agentes implicados para su análisis y aportación de propuestas. Se trata de un proceso de participación y una estrategia de comunicación dirigida a la implicación de la ciudadanía y los sectores afectados.
El III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía contará, además, con la determinación de los objetivos estratégicos y específicos, una programación que establezca las medidas a ejecutar y que incluya un presupuesto, un sistema de gestión que determine las responsabilidades, el seguimiento y la evaluación con indicadores, otra evaluación previa que permita optimizar su eficacia y un informe de evaluabilidad emitido por el Instituto Andaluz de Administración Pública que acredite los atributos básicos de la rendición de cuentas.
El artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por otra parte, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, establece que la Administración de la Junta de Andalucía es competente para la planificación, coordinación y control de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de los menores en la comunidad autónoma. Asimismo, dispone que se promoverán planes integrales dirigidos a la promoción de la infancia y la prevención de las situaciones de riesgo.
En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene atribuidas las competencias en materia de desamparo, tutela, acogimiento, adopción y cualquier otra forma de protección de la infancia; el diseño, realización y coordinación de las políticas preventivas para evitar la exclusión y la pobreza infantil; la ordenación, gestión y coordinación de los recursos destinados a la infancia, y el diseño, realización y evaluación de los programas específicos en materia de infancia.
Nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía
La norma, que continúa su trámite parlamentario, mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, e incluye la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos, una medida pionera y demandada por las entidades del sector.
En su redacción, ha colaborado una veintena de entidades y organismos junto a profesionales de los equipos de tratamiento familiar, de los servicios de protección y prevención con más de 400 alegaciones.
La norma recoge las nuevas necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume los nuevos escenarios legislativos y tratados internacionales suscritos por España en materia de atención a la infancia. Asimismo, incorpora medidas transversales, como la atención temprana infantil de calidad a los menores de 0 a 6 años, la promoción de entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos o la gratuidad y extensión de las plazas de 0 a 3 años para menores en riesgo de exclusión social, así como la implementación de programas de orientación e intervención familiar, acciones contra el maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género o la discriminación en el ámbito educativo.
Entre las novedades del texto legal, destaca la creación de un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, o la promoción de la alfabetización digital y mediática, dotándolos de herramientas para realizar un uso responsable de las tecnologías y de sus contenidos y protegerlos ante posibles riesgos y adicciones en este sentido.
Asimismo, se fortalece el reconocimiento a las familias como institución fundamental para el desarrollo de la persona. La apuesta pasa por fomentar el acogimiento familiar, mientras que el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar y nunca para menores de trece años. La misma edad mínima que se fija para determinar la entrada en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.