El calentamiento global también se refleja en una mayor incidencia de fenómenos extremos, como incendios forestales, precipitaciones torrenciales, inundaciones por desbordamientos de ríos, erosión e inundaciones costeras, sequías y olas de frío y de calor. La intensidad y frecuencia con las que ocurren provocan pérdidas sustanciales, tanto económicas como humanas, y son motivo de preocupación de las administraciones públicas.

Estudios de evaluación de vulnerabilidad al cambio climático en el ámbito europeo, como el del proyecto de la Comisión Europea, ESPON Climate, han permitido la identificación de tipologías regionales de exposición al cambio climático, de gran utilidad para la selección de opciones de adaptación para el desarrollo de políticas territoriales sensibles al mismo. Además, analiza la vulnerabilidad de las regiones desde la perspectiva de los impactos previstos y la capacidad de una región para adaptarse al cambio climático.

Para adaptarse a los impactos producidos por el cambio climático, la Administración debe actuar en aquellos ámbitos que tengan una mayor incidencia a la hora de reducir los efectos medioambientales, económicos y sociales asociados al mismo.

Por su parte, los sectores productivos deberán atender a los criterios recogidos en el Pacto Verde Europeo, y en las distintas estrategias que lo desarrollan, como, por ejemplo, la Estrategia de la Granja a la Mesa, para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, o la Estrategia para la Biodiversidad de la Unión Europea para 2030.

Estas medidas de adaptación requieren a su vez actuaciones de apoyo en materia de comunicación y participación, incrementando con ellas el conocimiento respecto al grado de percepción, valoración y predisposición a la acción en materia de cambio climático por parte todos los actores implicados (sociedad civil, sector empresarial o administraciones andaluzas).