Existe una evidencia empírica rotunda de que la capacidad empresarial -en sentido amplio- de una economía es un elemento clave para el crecimiento económico y el empleo, incidiendo positivamente en la mejora de la competitividad.

Los poderes públicos deben favorecer el crecimiento del tejido empresarial productivo y un entorno competitivo en el que incide positivamente un clima permanente de emprendimiento e innovación. Este contexto también permitiría afrontar con mayor fortaleza situaciones adversas, como la crisis derivada de la actual pandemia.

El potencial emprendedor o la iniciativa emprendedora para iniciar un negocio de Andalucía es similar a la media española, aunque algo inferior a la media europea a causa de aspectos importantes, como la baja percepción de oportunidades, el elevado miedo al fracaso o la falta de una verdadera cultura emprendedora.

Pero el principal problema diferencial de Andalucía reside en que nuestra base empresarial está formada mayoritariamente por microempresas de reducida dimensión y escasa capacidad para afrontar contratiempos y, que, en significativa proporción, carecen de ambición por crecer. Estos rasgos resultan relevantes porque esta menor dimensión, por lo general, influye negativamente en la productividad, la capacidad financiera, la inversión en tecnología y la innovación.

Por todo ello, entendemos que constituye un reto para Andalucía el lograr mayores niveles de emprendimiento, la consolidación y ampliación del tamaño de las empresas, así como el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial tecnológico.