Dentro del bloque temático dedicado al territorio, la política de ciudades constituye una prioridad en la acción de gobierno. Este convencimiento coincide con el compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 11, que se refiere a “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. En este contexto, se entiende por ciudades tanto espacios urbanos de reducida dimensión como las áreas metropolitanas. De este modo, esta política se encuentra, nuevamente, imbricada con la Nueva Carta de Leipzig.

Esta clara identificación con los principios que inspiran dichas propuestas explica que las Agendas Urbanas se hayan convertido en un instrumento de carácter estratégico y en el marco de referencia para orientar las políticas públicas urbanas, en los distintos niveles de gobierno, es decir, la UE, el Gobierno de España, diferentes administraciones regionales y algunas entidades locales. Precisamente, que distintas administraciones públicas hagan uso del mismo instrumento resulta novedoso y constituye una oportunidad para que el desarrollo urbano se convierta en una política pública multinivel, correctamente alineada y coordinada y, por tanto, potencialmente exitosa.

Para Andalucía, esta perspectiva debe centrarse en poner en valor uno de sus principales activos del capital territorial, como es su sistema urbano equilibrado, con una presencia destacada de redes de ciudades medias. Para ello, la puesta en práctica de actuaciones se debe articular en torno a la implementación de la Agenda Urbana de Andalucía para la consecución de un desarrollo sostenible de las ciudades.

Adicionalmente, también se deben apoyar las “agendas metropolitanas” en Andalucía, dada la elevada relevancia de las áreas metropolitanas para la sostenibilidad, sobre todo, el reto del cambio climático y competitividad regional, en su conjunto. Y, por último, conviene fomentar e impulsar la formación de redes de cooperación entre ciudades medias, que emprendan iniciativas conjuntas de relevancia económica como, por ejemplo, el desarrollo de sistemas productivos locales o parques empresariales compartidos.