El desarrollo social y económico del territorio junto con la protección de éste y la coordinación de las políticas públicas sectoriales con incidencia territorial constituyen los elementos básicos para la política de ordenación del territorio.

Dicho desarrollo requiere de un conjunto de infraestructuras y equipamientos, con una localización específica en los distintos ámbitos o áreas subregionales y municipios que componen Andalucía.

Entre las infraestructuras, caben citar las de transporte y, por supuesto, las digitales, sin olvidar las destinadas a atender los servicios públicos, que son destacados componentes del capital físico construido. Este conjunto de activos, unido al propio sistema de asentamientos y a los espacios libres, conforman el tercer gran sistema estructurante del territorio de Andalucía, y tiene una enorme relevancia para la articulación y cohesión territorial, la equidad social y el buen funcionamiento de la economía.

La importancia de estas dotaciones físicas y equipamientos para los servicios básicos está estrechamente ligada a la accesibilidad a los mismos (distancia, en términos de tiempo), que debe garantizarse en los diferentes territorios de Andalucía. Ello resulta fundamental para lograr una igualdad real en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Para abordar esta prioridad y la consiguiente oferta de servicios públicos se debe tener en cuenta las diferencias derivadas de los distintos grados de urbanización y ruralidad.