En general, la cuestión demográfica tiene claras implicaciones económicas y sociales, en la medida en que atañe directamente a los principales indicadores macroeconómicos de un país o región, así como al Estado de bienestar, con repercusiones especialmente relevantes para el futuro de las pensiones y en lo que se refiere, entre otros aspectos, a los servicios sanitarios y la asistencia a personas mayores.

En el caso de Andalucía, los efectos derivados del progresivo envejecimiento y la baja tasa de natalidad, unidos a otros rasgos específicos de los flujos de población, deben analizarse desde un enfoque territorial, ya que existen grandes diferencias entre ámbitos comarcales o subregionales dentro del territorio andaluz, lo que genera impactos económicos, sociales y ambientales distintos, precisando respuestas diferenciadas.

En cualquier caso, el ensanchamiento de la pirámide demográfica en los tramos de edad madura y las conocidas dificultades de los jóvenes para encontrar empleo, independizarse y tener hijos, ponen de manifiesto la necesidad de nuevas políticas sociales y económicas para la población joven.

Estas tendencias pueden hacerse más evidentes en determinados ámbitos rurales, donde asegurar una perspectiva de vida personal y laboral a los jóvenes y a las mujeres puede ser una poderosa arma contra la despoblación.