Bloque: 1. Competitividad
Andalucía requiere de la digitalización de su economía y sociedad porque se trata de un factor disruptivo, que acelerará la transformación del modelo de negocio de las actividades económicas y que está desencadenando una nueva revolución industrial. Esta transformación pasa por incorporar el tejido productivo a la economía digital a través de la utilización de las llamadas tecnologías habilitadoras digitales (THD), tales como: el Internet de las cosas (IoT), el 5G, la Inteligencia Artificial, la realidad virtual y aumentada, los gemelos digitales, el big data, la computación difusa y en la nube, el blockchain, la supercomputación, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, los sistemas autónomos, la ciberseguridad, entre otras; pero también necesita el fomento de la especialización de las empresas andaluzas en el desarrollo y comercialización de dichas tecnologías.
El Banco Mundial, el World Economic Forum (WEF) y diversos trabajos de investigación han mostrado que la digitalización favorece un mayor crecimiento económico y de la productividad, generando nuevas oportunidades para las empresas y la creación de empleo, a la vez que también se considera como un factor importante de cohesión territorial y anclaje de la población en el medio rural, por lo que puede ser una de las palancas más eficaces para la salida de la crisis y mejorar el posicionamiento competitivo de Andalucía.
Si bien la digitalización es un elemento transversal para la transformación económica, con efectos positivos sobre el conjunto de sectores y ramas de actividad, esta repercusión debería ser especialmente aprovechada por sectores con una mayor significación o potencial en la estructura regional, como el turismo, el comercio, el agroalimentario o el sanitario, entre otros. No obstante, se deben minimizar los efectos negativos derivados de la brecha digital, procurando no dejar a nadie atrás.
Para impulsar una verdadera digitalización de nuestra sociedad, en general, y de la economía, en particular, se requiere llevar a cabo actuaciones tanto en las empresas como en la Administración Pública y en la relación de estas dos, también con la ciudadanía.