Las sociedades avanzadas, tal y como reconoce la Comisión Europea, deben contar con las herramientas apropiadas de inclusión social y de innovación social, que presten asistencia y ayuda a las personas, familias y comunidades, que eviten su segregación, que faciliten la integración de las personas en la sociedad y que garanticen unas condiciones de vida dignas e independientes.

En Andalucía, el sistema público de protección social está compuesto por un conjunto específico de normas e instituciones que determinan el suministro de servicios y prestaciones sociales y su financiación. Esta protección comprende el gasto en enfermedad y atención sanitaria, invalidez, vejez, familia/hijos, supervivencia, desempleo, vivienda y exclusión social.

Dado que muchas de estas funciones se tratan en otras prioridades de esta Estrategia, este apartado se centra en las que completarían un buen sistema de protección social y de inclusión. En este sentido, cabe recordar que la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, incluyéndose en ella como primer objetivo la lucha contra la pobreza y fijando como prioritaria la reducción del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Es por ello que, la protección social y la reducción de la exclusión se convierten en objetivos para alcanzar la cohesión social y corregir los niveles de desigualdad a través de unos servicios sociales adecuados, accesibles y financieramente sostenibles.

Asimismo, en materia de integración, la administración debe establecer los mecanismos que permitan acceder a todas las personas inmigrantes o a las minorías, especialmente a las más vulnerables, a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a los de salud, vivienda, educación, justicia y empleo, así como a otros servicios públicos.

Además, el envejecimiento de la población está haciendo que sea necesario promover el bienestar de las personas mayores en Andalucía y proporcionarles una atención basada en la prevención, la sostenibilidad, y el cuidado integral y continuado, de manera que puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

En definitiva, la administración pública debe garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, la promoción social y la prevención en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, promoviendo la adecuada cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas con el fin de mejorar su bienestar.