El fortalecimiento de un sistema de evaluación de políticas públicas requiere contar con las infraestructuras de datos y servicios que proporcionen información accesible, útil y en formatos interoperables que favorezcan su reutilización contribuyendo con ello a la transparencia, la generación de valor y la toma de decisiones basadas en evidencias.
Se trata de infraestructuras de datos que permiten la integración de los sistemas de información y nuevas fuentes de datos, así como el desarrollo de herramientas y servicios seguros que posibilitan el aprovechamiento de toda la inteligencia proporcionada por los datos. Además, estos datos y servicios interoperables, ofrecidos en condiciones no restrictivas de uso, son un elemento fundamental que estimula la prestación de servicios innovadores basados en datos, al tiempo que contribuye a la generación de valor añadido, así como al desarrollo de la investigación y la participación ciudadana.
En Andalucía, el Sistema Estadístico y Cartográfico y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como coordinador y productor, cuentan con una larga trayectoria de generación de datos estadísticos y geoespaciales que permiten el conocimiento de la realidad territorial, demográfica, social, económica y ambiental de Andalucía.
El contexto derivado de la crisis de la COVID-19 ha hecho más evidente la importancia de los datos para la toma de decisiones, tanto en el ámbito sanitario, para conocer el alcance de la pandemia en distintas localizaciones, como en el económico, por la necesidad de conocer el impacto en el empleo, en los hogares o en la movilidad, por citar algunos ejemplos. El análisis de estos comportamientos, que está basado en la observación y recopilación de datos, constituye una herramienta útil para la toma de decisiones de los responsables políticos.
A esta tendencia, la Administración de la Junta de Andalucía no puede ser ajena, no solo por la instrumentalización de los resultados del análisis de los datos, sino también por el papel en la producción o generación de datos que tienen sus distintos centros administrativos, al igual que otros organismos y agencias de la Administración central.
Esta ingente cantidad de información, que permitiría alimentar la toma de decisiones e implementar mejores políticas públicas, supone una apuesta por la “inteligencia de gobierno”. Al mismo tiempo, estos datos pueden y deben ponerse al servicio de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía en general para su uso, contribuyendo también a una mayor racionalidad en sus elecciones de trabajo, compra y desplazamiento, favoreciendo así el crecimiento económico y la mejora del bienestar general.
El valor de los datos residen en su uso y en este contexto se enmarca la puesta en marcha en la UE de una “Estrategia de datos” en el marco de una iniciativa de Economía de los Datos, que tiene como objetivo convertir a Europa en líder de la sociedad del dato, creando para ello un mercado único del dato que permita la libre circulación de éste para el beneficio de empresas, investigadores y administración pública.
Esta estrategia establece el papel relevante de los datos como elemento vital de desarrollo económico, ya que “constituyen la base de muchos nuevos productos y servicios” más personalizados, provocando un shock positivo y transversal en la economía, a la vez que mejora “no solo la elaboración de políticas sino también de los servicios públicos”. De este modo, el valor de los datos reside en su uso y reutilización y, especialmente, en el hecho de que esta reutilización es innovadora.
En definitiva, la estrategia aboga por la innovación basada en datos, ya que se trata de una fuente extraordinaria de recursos con valor económico, que pueden tener un efecto transformador de la economía, tanto por su potencial uso por el sector privado como por su utilidad para mejorar los servicios públicos, dotando de mayor eficacia y calidad a las Administraciones públicas.
Por tanto, y desde la perspectiva de la transparencia y la calidad de gobierno, Andalucía tiene la oportunidad de abanderar esta transformación, mediante la creación de un sistema integrado de información e indicadores, con el objetivo de permitir el correcto desarrollo y el seguimiento continuo y transparente de las políticas públicas y servir de base para la evaluación de resultados. Esta iniciativa atendería a las propuestas y recomendaciones de la AIReF en materia de evaluación de políticas públicas.