La consecución de un sector público (Administración y Entes instrumentales) más eficiente y eficaz viene determinada, en gran medida, por la disponibilidad, capacitación y el sistema de incentivos de los recursos humanos, es decir, de las empleadas y empleados públicos, así como por una distribución equilibrada de personal y equipamientos por departamentos y funciones.
Dado que las personas empleadas constituyen el principal activo de las Administraciones públicas, tendencias como el envejecimiento del funcionariado y el pendiente relevo generacional, o la creciente automatización de los procesos rutinarios, requieren la capacidad de anticiparse y responder a estas cuestiones estratégicas. De este modo, resulta necesario disponer de una función pública cualificada y con un alto rendimiento y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad.
A esta inquietud responde la reciente creación de un grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública, por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, con más claridad, el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía. Tal y como se recoge en la exposición de motivos, tras más de treinta y cinco años de existencia de la Administración de la Junta de Andalucía, parece indicado introducir elementos de modernización y dinamización en la gestión de sus recursos humanos.
La nueva regulación andaluza en esta materia tiene como finalidad la integración normativa, la mejora en la sistematización y ordenación de la función pública andaluza y pretende ser un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social. Bajo esta perspectiva, el texto normativo aborda cuestiones tan relevantes como la formación, el régimen de seguridad social, las reglas relativas a la negociación colectiva, la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, la representación y participación o el régimen disciplinario, en las que no entraba la vigente regulación (Ley 6/1985, de 28 de noviembre).
En cualquier caso, los nuevos textos normativos y los resultados finales de las propuestas recogidas en las consultas públicas y de expertos deberían atender una serie de cuestiones que inciden en la calidad de los servicios prestados.
En primer lugar, la modificación del sistema de acceso a la función pública, más acordes con los sistemas de selección establecidos en la UE y adecuados a las nuevas necesidades derivadas de la organización administrativa.
Por otro lado, la profesionalización del personal directivo público requiere la elaboración de un estatuto propio que regule la forma de acceso, primando los principios de idoneidad, mérito y capacidad, atendiendo a la valoración de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas, así como el desarrollo de sus funciones y su retribución. Esta profesionalización se encuentra respaldada por experiencias de éxito de países de nuestro entorno, a modo de ejemplo se tiene la referencia de Portugal, que cuenta con una Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública (CReSAP), que aporta recomendaciones sobre la selección de los directivos públicos y, en concreto, “sobre la importancia de que la misma se lleve a cabo atendiendo, como elemento esencial, al mérito”. La selección de éstos mediante un órgano independiente ha supuesto un elemento clave en la mejora de la calidad de los servicios públicos lusos, constituyendo una vía esencial para lograr profesionalizar la función pública directiva.
La existencia de unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) anticuadas, rígidas y no adaptadas a las nuevas necesidades operativas de una Administración cada vez más tecnificada y digitalizada requiere de una revisión global y continua que la haga más flexible.
La mayor participación de las empleadas y empleados públicos, incluidos sus representantes sindicales, y su capacitación para tomar decisiones permitirá la adquisición de responsabilidad, una menor resistencia al cambio, fomentará la comunicación, el desarrollo de la responsabilidad en grupos y, en definitiva, redundará en un mejor servicio a la sociedad.
Por último, la productividad del personal al servicio de la Administración está relacionada con la formación a lo largo de su vida laboral. Dicha adecuación de competencias y habilidades puede actualizarse tanto a través de la formación organizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), como mediante el acceso a otra formación reglada académica, y debe ser tenida en cuenta a la hora de aspirar a promociones y concursos. En este punto también cabe recordar la contribución del IAAP al aprendizaje organizacional a través de procesos de innovación y gestión de conocimientos y el desarrollo de competencias directivas.
Asimismo, cabe señalar el especial esfuerzo necesario en el ámbito de las competencias digitales que requieren las personas empleadas del sector público para adaptarse a la nueva Administración electrónica (e-goverment), dinámica e innovadora, que aspira a alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia.