En las últimas décadas, todas las áreas subregionales, comarcas y municipios, en general, que componen Andalucía han observado una mejora en el desarrollo económico y social. No obstante, las distintas políticas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto sus actuaciones de carácter general, como sus instrumentos focalizados en determinados territorios (por ejemplo, el desarrollo rural a través de los Grupos de Desarrollo Rural/Iniciativa Leader, las Iniciativas Turísticas Sostenibles/ITS, o las Inversiones Territoriales Integradas, concretamente las ITIs de Cádiz y Jaén) no han conseguido lograr una equidad territorial satisfactoria.
Sin perjuicio de otras razones, esta situación es también consecuencia de que los instrumentos de atención focalizada en determinados territorios, promovidos desde la política económica regional y la política de ordenación del territorio, no han tenido, en ocasiones, una implementación suficiente. También han sido muy escasas las estrategias de desarrollo territorial en la escala intermedia, impulsadas desde abajo en el marco de la cooperación intermunicipal y orientadas al desarrollo económico, la innovación y la mejora de la competitividad.
La escasez de estas estrategias viene explicada por la débil cultura de cooperación existente entre los municipios andaluces. Bien es cierto que existen fórmulas organizativas, como Mancomunidades y Consorcios, pero éstas se centran en la gestión de determinados servicios públicos (transporte, agua, o recogida de basura, entre otros) o en la promoción turística conjunta. Sin embargo, en las competencias municipales de alto valor estratégico, como el desarrollo urbanístico o la promoción económica, suele dominar la acción individual de cada entidad local.
La reducida cobertura regional por la planificación subregional prevista en el POTA, especialmente, en los ámbitos de zonas rurales del interior de Andalucía, puede suponer una debilidad para el desarrollo territorial de estos ámbitos que actualmente, en algunos casos, están presentando tendencias regresivas de población y aproximándose a los rasgos que caracterizan el nuevo paradigma de la “España vaciada”.
Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio (POTA) presta una considerable atención a la dimensión económica del desarrollo territorial, tal y como reflejan sus programas coordinados de carácter interdepartamental (como el Programa Coordinado para el Desarrollo de las Zonas del Interior de Andalucía), o sus Estrategias para el Sistema intermodal de transportes y, en particular, sus Estrategias para el Sistema de Ciudades, destacando sus recomendaciones para la cooperación entre los Centros Regionales (las áreas metropolitanas andaluzas) y la cooperación en el marco de las Redes de Ciudades Medias. Sin embargo, estas recomendaciones apenas han sido desarrolladas, a pesar de las experiencias positivas de otros países europeos (especialmente Alemania y Francia) y el consenso sobre su oportunidad para generar y aprovechar economías de escala y efectos sinérgicos.
El POTA preveía el desarrollo de instrumentos para el seguimiento y evaluación del territorio y de su planificación, que ha sido implementado de manera parcial, a través fundamentalmente del sistema de información y del seguimiento y evaluación de planes de desarrollo.
Adicionalmente, conviene señalar el limitado recorrido de la Estrategia del Paisaje de Andalucía, a pesar de que la excelencia paisajística, en términos de diseño e integración en el territorio, constituye un valor económico indirecto, que contribuye positivamente a la imagen corporativa de los espacios que ocupan, no solo barrios en ciudades y en municipios rurales, también centros de investigación, logísticos, parques empresariales, entre otros enclaves.
Asimismo, dentro de los diferentes instrumentos de la planificación ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía, han de reforzarse aquéllos que tienen una relación directa con el desarrollo local integrado y endógeno. Entre ellos destacan los Planes de Desarrollo Sostenibles (PDS), cuya finalidad es impulsar el desarrollo de actividades productivas sostenibles en los espacios naturales protegidos.
Por último, en Andalucía al igual que la mayoría de las regiones europeas se ha producido en las últimas décadas un excesivo consumo de suelo para urbanización, que resulta poco sostenible, coincidiendo con instrumentos urbanísticos y de ordenación territorial escasamente operativos. Por ello, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) unifica la actual legislación de ordenación del territorio y el bloque normativo de la legislación urbanística en un solo texto legislativo. Su propósito es resolver las dificultades que han ido afrontado ambas disciplinas en los últimos años, dotar de garantía jurídica al desarrollo de los instrumentos de planificación, gestión y disciplina territorial y urbanística, avanzar en la autonomía local y afianzar las medidas de simplificación y agilización administrativas en el marco de estas disciplinas.
En definitiva, Andalucía debe adoptar enfoques más avanzados e innovadores, para activar el capital territorial propio de cada espacio subregional, conocimiento y bienes, a través de soluciones diseñadas a medida. Dichas soluciones pueden ser estrategias a la escala específica del territorio (regional, subregional y local), encaminadas al desarrollo y la competitividad a largo plazo de esa área geográfica, junto con el establecimiento de acuerdos o convenios con otras Comunidades Autónomas españolas o regiones de países vecinos (como Portugal o Marruecos, por ejemplo).
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
| Consejería | Número | Importe |
|---|---|---|
| 0100 - Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa | 79 706 199 € | |
| 1100 - Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional | 763 070 € | |
| 1200 - Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo | 9 903 232 € | |
| 1300 - Consejería de Salud y Consumo | 1 587 459 € | |
| 1400 - Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural | 60 513 522 € | |
| 1600 - Consejería de Turismo, Cultura y Deporte | 170 592 099 € | |
| 1800 - Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | 1 295 614 € | |
| 1900 - Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul | 16 027 600 € | |
| 2000 - Consejería de Industria, Energía y Minas | 118 000 000 € | |
| 2100 - Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública | 231 593 661 € | |
| 687 482 456 € |