Andalucía cuenta con un amplio Parque Público de Viviendas, titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), muy heterogéneo, con una gran dispersión geográfica y destinado a cubrir las necesidades de habitabilidad a precio asequible de la población andaluza con menores recursos económicos.
Actualmente está compuesto por 74.956 viviendas (49.211 en régimen de arrendamiento y 25.745 en compraventa) y aloja a más de 300.000 personas en más de 500 municipios del territorio andaluz, según datos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
A pesar del notable esfuerzo realizado en su conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de su eficiencia energética, gran parte de este parque presenta un envejecimiento o deterioro de sus elementos constructivos que requieren incrementar el esfuerzo en su mantenimiento, rehabilitación o sustitución. Además, hay una parte reducida del parque que no dispone de una serie de instalaciones básicas que aseguren su habitabilidad, y que deben ser implementadas. Por otro lado, este parque precisa adaptaciones para actualizar sus prestaciones a las demandas actuales reconocidas de una habitabilidad estándar, accesibilidad y una calidad de vida social y ambientalmente aceptable.
Es por ello que la necesidad de intervención en el parque se estima alta, tanto en conservación o rehabilitación, como en mejora o actualización, y requiere un mantenimiento continuado.
Según el último Censo de Población y Viviendas de 2011, la mitad de las viviendas principales, consideradas primeras viviendas, de Andalucía se construyeron antes de 1980, por lo que nos encontramos en nuestro territorio con un parque residencial envejecido.
Sobre dichas viviendas públicas deben realizarse las actuaciones necesarias para la rehabilitación de aquéllas que tengan deficiencias en sus condiciones básicas, actuando también para mejorar la accesibilidad y para fomentar la eficiencia energética.
Según datos extraídos del informe “La Accesibilidad de Viviendas en España”, de marzo de 2018, realizado por la Fundación Mutua de Propietarios, el 69% de los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva de Andalucía no son accesibles desde la calle al portal del inmueble y el 57% no tienen puerta de entrada accesible. No disponen de ascensor el 26% de los edificios residenciales colectivos y el 32% de los que sí lo tienen no son accesibles desde el portal al ascensor. Por ello, se deben seguir realizando actuaciones con el objetivo de alcanzar la accesibilidad universal, especialmente considerando el progresivo envejecimiento de la población.
En aras de la sostenibilidad de las ciudades, se debe fomentar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética de las edificaciones.
Además, y teniendo en cuenta los objetivos planteados en la Agenda Urbana de Andalucía, se deben desarrollar programas que incidan en la rehabilitación de áreas especialmente degradadas y edificios obsoletos, impulsando ciudades más sostenibles y humanas. En el mapa que ha elaborado la ERACIS, se localizan en Andalucía 123 zonas que precisan de especial intervención y que son identificadas como zonas desfavorecidas seleccionadas, en las que se debe intervenir de forma prioritaria por parte del Plan Vive.
Se denomina infravivienda a aquella edificación existente en la que concurran graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, respecto a los requisitos mínimos exigibles, o en las que las unidades familiares residentes tengan condiciones socio-económicas desfavorables. En este caso, el objetivo debe ser minimizar el número de infraviviendas.