Tal y como recoge la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el gobierno regional debe prestar un conjunto de servicios, recursos y prestaciones con objeto de garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos en las leyes, considerando la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, que son un pilar básico del estado de bienestar (junto con la salud, la educación y las pensiones), están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

Este mapa de recursos y servicios comprende ámbitos tan importantes de prestaciones como los de dependencia, reconocimiento de la discapacidad y distintos tipos de ayudas, como la ayuda a domicilio de servicios sociales comunitarios no vinculados a la dependencia, situaciones de urgencia o emergencia social, alojamiento alternativo, entre otros. Además, dichos recursos se ofrecerán en coordinación con los servicios educativos, sanitarios, de empleo o de vivienda, entre otros. Por su relevancia, nos centramos en esta línea de actuación en la protección social y en la lucha contra la exclusión.

La integración social también comprende las acciones que posibilitan a las personas inmigrantes o a las minorías, especialmente a las más vulnerables, a participar del nivel mínimo de bienestar social. Además, se deben garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación.

Según la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), en Andalucía existe un extenso mapa de zonas desfavorecidas tanto de ámbito urbano como rural. En éstas se concentra población muy vulnerable, donde se acentúan las desigualdades y se generan procesos de exclusión social e incluso institucional.

Las Zonas Desfavorecidas en Andalucía concentran casi el 25% de la vivienda en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente de la región y en ellas residen casi el 17,4% de la población sin estudios o analfabeta y solo el 6,4% de la población universitaria. Otros indicadores que caracterizan a estas zonas son el porcentaje de población inmigrante y el de personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad. En ambos casos, en las Zonas Desfavorecidas se registra más del 20% del total regional.

Por otro lado, distintas fuentes de información estadística (atendiendo a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, así como a las metodologías de Eurostat y Naciones Unidas) sobre las personas que viven en hogares con carencias materiales severas y están bajo el umbral de riesgo de pobreza, muestran que las mujeres sufren esta situación en mayor proporción que los hombres en Andalucía y que este diferencial también se observa en España y la UE, incluso después de que las personas reciban transferencias sociales.

En las primeras etapas de la vida se pueden acumular desigualdades sociales que repercuten en la morbilidad, mortalidad y el bienestar en la edad madura y la vejez. En Andalucía, según un estudio de Save the Children, a finales de 2021 la pobreza infantil alcanzará el 22,1%. Esta pobreza repercute en las tasas de abandono escolar, de desempleo y de baja emancipación que requieren de medidas específicas que actúen en los primeros estadios de la vida, evitando la exclusión social.

El porcentaje de población que tiene alguna discapacidad es superior en Andalucía que en España. Además, no todos ellos tienen el reconocimiento del grado de discapacidad, necesario para recibir las ayudas existentes. A 31 de diciembre de 2020 había en Andalucía 570.506 personas con discapacidad reconocida con grado igual o superior al 33%, el 6,7% de la población andaluza en 2020, existiendo una ligera mayoría de hombres (17.760 más).

Se necesitan actuaciones para prevenir las causas y para promover la autonomía personal (al menos la mitad de las personas con discapacidad en Andalucía tienen dificultades de movilidad en las vías públicas), la participación social, la calidad de vida y la no discriminación de este colectivo.

El panorama de las drogodependencias y adicciones es una realidad que evoluciona, surgen nuevas sustancias y conductas adictivas y cambian tanto los patrones de consumo como el perfil de las personas consumidoras. Por todo ello, los problemas derivados del uso de sustancias y las demandas y necesidades planteadas son también aspectos dinámicos a los que es preciso adaptar las respuestas ofrecidas desde las instituciones y administraciones competentes.

Los servicios sociales andaluces han pasado de ser un modelo asistencial a estar basado en el reconocimiento y garantía de derechos, que abarca desde la protección a las víctimas de violencia de género, a los menores y adolescentes, a los colectivos LGTBI hasta a las personas inmigrantes, entre otras.

Por otra parte, se necesita seguir avanzando para garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios sociales.

Para ello, es fundamental alcanzar una cobertura total y una adecuación de las prestaciones sociales actualmente limitadas. En este sentido, desde los sistemas de protección social se establecen mecanismos, como las pensiones no contributivas y asistenciales, que resguarden y proporcionen seguridad, con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos que permitan a las personas con rentas más bajas mejorar su poder adquisitivo.

A fecha 1 de marzo de 2022, el total de pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social en Andalucía asciende a 1.610.425, con una pensión media de 971,8 €/mes. Según el régimen, las más numerosas eran las pensiones de jubilación (931.913), seguida de las pensiones de viudedad (391.582) y las pensiones de incapacidad permanente (205.483). La pensión media de jubilación en Andalucía se sitúa en 1.128,62 €/mes, una cuantía ligeramente inferior a los 1.250,37 €/mes de la media nacional y significativamente por debajo del importe medio de las pensiones por jubilación en País Vasco (1.532,6 euros), Asturias (1.498,7 euros) o Madrid (1.453,3 euros).

Respecto a las pensiones no contributivas, en Andalucía se cuentan más de cien mil personas beneficiarias. Con datos a marzo de 2022, la mayoría corresponden a la modalidad de jubilación con 54.901 personas beneficiarias, con un importe medio de 430 euros. Mientras, el número de pensiones de invalidez ascienden a 40.887 personas beneficiarias, teniendo un importe medio de 469,4 euros.

Además, cabe mencionar a las prestaciones por desempleo, siendo Andalucía la región con mayor número de beneficiarios (556.017 en el promedio del año 2021), lo que representa el 27,3% del total nacional. Por género, en nuestra región el 55,1% de los beneficiarios son mujeres. Distinguiendo por tipo, las prestaciones por desempleo más numerosas son los subsidios por desempleo (192.192), seguidas de las prestaciones contributivas (171.892) y los subsidios agrarios (80.267).

Por su parte, el ingreso mínimo vital, que es una prestación que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se ha puesto en marcha en septiembre de 2020 y se espera que llegue a 850.000 hogares en riesgo de pobreza a nivel nacional. Esta prestación de ámbito estatal se complementa con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) de las que se concedieron 35.711 en 2020.

Para que sean efectivas todas las prestaciones sociales se deben reducir los obstáculos para acceder a las mismas y simplificar todos los trámites administrativos.

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Publicado en 2018.
Unidad: En %.

Fuente: Sistema Integrado de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Nota: 31 de diciembre de 2020.

Fuente: Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Nota: Datos correspondientes a 2019. (1) Prestaciones Sociales para Personas con Discapacidad (PSPD), antes denominado Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) (2) Fondo de Asistencia Social.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Unidad: Número de personas beneficiarias
Nota: Datos del promedio enero-diciembre de 2021.