0102: Impulsar la digitalización de la sociedad y de la economía
B - Digitalización de la Administración Pública
Las herramientas digitales contribuyen a la modernización de las administraciones públicas porque facilitan procedimientos de gestión eficaces, centrados en la persona usuaria, mejoran la calidad de los servicios a través de interacciones flexibles y personalizadas, aumentando la eficiencia del sector público y la satisfacción de las usuarias y usuarios.
Al mismo tiempo, los servicios públicos digitales implican una reducción de las cargas administrativas para las empresas y la ciudadanía, al hacer que sus interacciones con las AA.PP. sean más rápidas y convenientes, así como menos costosas (menor tiempo de espera y desplazamientos o menor necesidad de intermediarios). Adicionalmente, esta digitalización puede contribuir a resolver, al menos parcialmente, muchos de los atascos e ineficiencias en servicios especialmente afectados por retrasos y falta de conectividad, como es el caso de la Administración de Justicia.
La transformación que conlleva la digitalización supone un cambio hacia la sociedad digital y requiere de la capacitación del capital humano, tanto en las empresas como en la Administración. Es por ello que se necesita de las habilidades del personal dedicado a las tecnologías TIC para aprovechar las posibilidades de la sociedad digital.
En los últimos años se había venido observando una oferta creciente de servicios básicos (de salud, empleo, educativos o justicia, entre otros) a través de plataformas telemáticas. No obstante, tras la pandemia se ha evidenciado un notable salto en el uso de estas herramientas digitales, poniendo de manifiesto la relevancia de la formación tanto de las personas profesionales como de las personas usuarias. A modo de ejemplo, cabe citar el desarrollo de la telemedicina y el papel de la conectividad de los centros de atención primaria con sus centros de gestión de referencia.
Según los resultados del Índice de Economía y Sociedad Digitales 2020, España ocupa una posición avanzada dentro de la UE en la interacción de la ciudadanía y las empresas con los servicios públicos online disponibles.
No obstante, todavía son muchos los servicios y trámites que no están disponibles online. Por ello, se debe aprovechar el proceso de digitalización de cualquier trámite burocrático o mecanismo de intervención para evaluar la propia idoneidad del mismo y, en todo caso, acometer su simplificación.
Andalucía obtiene resultados muy similares a los del promedio nacional, si bien algo por debajo en los principales aspectos considerados por las Encuestas sobre el uso de las TIC. Así, el porcentaje de personas que habían contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos a través de Internet en los 12 meses anteriores en 2020 habría ascendido al 58,6%, frente al 62,9% en el promedio de España, en ese mismo año.
En el caso de las empresas, esta proporción ascendería hasta el 94% de las que cuentan con 10 o más personas empleadas. Entre los motivos más frecuentes de esta interacción de las empresas con las AAPP cabe mencionar la obtención de información, conseguir impresos y formularios y, en menor proporción, devolver los impresos cumplimentados y presentar declaraciones de impuestos.
La participación de distintas administraciones en la tramitación de determinados servicios públicos provoca duplicidades en los requisitos exigidos, que serían subsanables con una interconexión digital homogénea entre todas las administraciones. Ello permitiría compartir y reutilizar la información de las personas y empresas, con pleno cumplimiento de las normas de protección de datos, logrando el “principio de una sola vez”, subyacente en el Plan de Acción de Administración Electrónica, y al que contribuirá la reciente creación de la Agencia Digital de Andalucía. Además, esta digitalización de la Administración contribuiría a la mejora de la calidad institucional regional que, según el Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI), sitúa a Andalucía en el puesto 154 de 202 regiones estudiadas.
Por último, se constata una evolución creciente del número de incidentes que afectan a las Administraciones Públicas, incluyendo multitud de amenazas que frecuentemente pasan desapercibidas.
Contacto o interacción con las administraciones o servicios públicos a través de internet, por motivos particulares, en los últimos 12 meses
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2020, INE. Unidad: % de población de 16 a 74 años.
Motivos de las empresas para interaccionar con la administración pública
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2019-2020. Las TIC en las empresas con 10 o más empleados (2020), INE. Unidad: En %.
Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones del sistema CoheSSiona, por el que se implementa la Historia Social Única Electrónica de Andalucía, y se crea el sistema ProgreSSa para la gestión de los Servicios Sociales comunitarios de Andalucía
Orden de 24 de marzo de 2023, por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) a partir del año 2023.
Orden de 21 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la transformación tecnológica e innovación en el ámbito de los Servicios Sociales, dirigidas a entidades del tercer sector y Entidades Locales, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU-, y se efectúa su convocatoria en el año 2022.
Decreto 240/2023, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de coordinación de las estrategias de transformación de la Administración de la Junta de Andalucía.
Orden de 15 de noviembre de 2023, por la que se establece la política de seguridad de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en los ámbitos de seguridad interior, seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones y de la protección de datos personales.
