Un apartado específico entre los retos del sector industrial se merece el dedicado a los problemas institucionales en la aplicación de las políticas del sector, que han dificultado el poder alcanzar los objetivos de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA), tales como la limitada prioridad de éstas en la agenda pública, cierto grado de “conformismo” con el declive del sector, la ausencia de un impulso presupuestario estable y la falta de liderazgo en ámbitos nacionales e internacionales.
La evaluación intermedia de la EIA 2020 revela que el modelo de gobernanza ha sido complejo, con numerosos órganos y niveles de intervención, lo que ha dificultado la interacción entre diferentes niveles jerárquicos para la toma de decisiones, y ha impedido el adecuado seguimiento de la estrategia, con poca continuidad en la participación y baja implicación de los directivos. Todos estos factores han conformado un contexto poco proclive a incorporar las oportunidades que se hubiesen detectado (Proceso de Descubrimiento Emprendedor, PDE).
Aunque se considera positiva la experiencia en materia de cooperación entre agentes clave y las aportaciones para la simplificación de procesos o las nuevas vías de comunicación directa de los agentes del sector con las distintas administraciones, los avances han sido limitados y no se ha logrado incrementar significativamente el capital relacional del ecosistema emprendedor.
Los expertos que están colaborando en el diseño de la “nueva política industrial para Andalucía” señalan que las acciones de política industrial han sido discontinuas, fragmentadas y no han contado con un sistema estable de gestión. Adicionalmente, se ha adolecido de un nivel adecuado de coordinación y participación con el Gobierno de España en materia industrial.